Christian Wiener: No, por supuesto que no. Es una propuesta
que nos alcanza la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio,
por indicación de Contraloría, y que nosotros, como organismos técnicos,
estamos obligados a cumplir. Eso lo sabe muy bien el señor Moscoso por
su larga experiencia como burócrata, pero miente y desinforma con
descaro, como ha sido su actitud durante todo este tiempo.
Pero el Sr. Moscoso sostiene que es
ilegal porque no figura en la Ley de Cine, ni en su modificatoria, ni
tampoco en el reglamento o en las bases de los concursos...
C.W: Es cierto, no figura en ninguno de esos
documentos, pero hay normas superiores del Estado que le permiten a éste
garantizar el buen uso de los fondos públicos. Es lo mismo que sucede
con las obligaciones de los funcionarios públicos, que están normadas y
que son de cumplimiento de todos los sectores Porque el cine no es una
isla.
¿Y ustedes qué harán?
Bueno, nosotros somos conscientes de que
la Carta Fianza, en especial sobre porcentajes altos, podía significar
que los cineastas con pocos recursos y sin grandes influencias quedaran
de lado, al no poder conseguirla y sostenerla, yendo directamente en
contra de la política de inclusión que se propone desde el gobierno. Eso
se lo hicimos saber a la Alta Dirección del Ministerio de Cultura y nos
dio luz verde para buscar una solución satisfactoria que pueda
garantizar tanto al Estado como a los cineastas.
Entonces: ¿qué proponen?
De manera general, hay dos alternativas.
Quienes deseen todo el dinero por adelantado lo pueden cobrar
presentando su respectiva Carta Fianza, sobre el porcentaje que
consideren conveniente. En el otro caso, no se exige ninguna Carta
Fianza y el pago se hace sobre avance de la obra. Esas son básicamente
las dos propuestas, cuyos detalles se van a alcanzar a los ganadores de
los concursos en sus respectivas categorías.
¿Por qué será que se ha colocado este 'nuevo elemento' para muchos de lo más inquietante, de la Carta Fianza?
Como dije antes, el Estado tiene la
obligación de cautelar el uso de los dineros públicos, más aún ahora que
se entrega la totalidad del presupuesto, y lo de la Carta Fianza es una
modalidad muy común en las licitaciones públicas, como lo sabe
cualquier persona medianamente informada. Adicionalmente creo que
es también la consecuencia de la manera tan irregular, por decirlo
amablemente, como se manejaron las cuentas en el ex CONACINE, donde el
ex Secretario Ejecutivo daba el certificado de conclusión del contrato
sin tener las copias en el formato que lo indicaba, y sin contar
siquiera con un informe económico y contable, además, por supuesto, de
los casos ya conocidos de proyectos que no se concluyeron o que hace
rato vencieron todos su plazos, con prorrogas incluidas, para ser
entregados. Allí está el origen de esta exigencia, no en esta
administración que más bien ha tratado de ser escrupulosa en el
cumplimiento de la Ley.
El Sr. Moscoso afirma que la forma de entrega de los montos debió ser incluida en la modificatoria de la Ley que aprobaron en el Congreso...
Si hubiéramos incluido eso en la
modificatoria de la Ley, otra vez sería poco flexible, como era la ley
original que hablaba de una entrega por partes que nunca se cumplió. Tal
como está redactada la 29919 permite que los montos puedan ser
entregados de forma íntegra, o por partes. Déjame decirte una cosa
adicional; esta modificatoria es un logro de esta administración porque
por fin los concursos van a estar en la legalidad, no en la sombra
chicha que estuvieron todos estos años, y que hacía extremadamente
difícil negociar con el MEF los presupuestos. Es increíble cómo se dejó
tanto tiempo sin hacer la respectiva modificación, que no era un
imposible porque no implicaba mayor gasto público ni uso de impuestos, y
es porque se prefería actuar en una zona gris que se presta para todo.
Recuerdo que en el año 2009, cuando recién empezaba el debate de la Ley
Raffo, la Presidenta del CONACINE dijo públicamente, y de forma
arrogante, que “del Ejecutivo y el Legislativo me encargo yo”. Bueno,
¿y porque no pudo hacer cuando menos ese cambio? ¿qué hacía entonces el
Secretario Ejecutivo y sus brillantes ideas la respecto?
Y para terminar (por ahora): ¿qué
nuevas con el proyecto de nueva ley de cinematografía que se vino
elaborando por los gremios en el Ministerio?
La elaboración de este proyecto es la
prueba más clara de que se trabajó de forma conjunta con los diferentes
gremios en esta gestión. Fueron varios meses con representantes de la
APCP, UCP, ACRIP, APRECI, el SAIP y la Asociación de Documentalistas. Y
luego se pre publicó el texto, acogiéndose además las propuestas de
muchas personas, incluidos los exhibidores y distribuidores.
Posteriormente el texto fue revisado por la Alta Dirección y la Oficina
de Asesoría Jurídica del Ministerio, proponiendo una serie de ajustes
hasta finalmente consolidarse un texto que está a punto de ser entregado
a la PCM para que sea aprobado por el Ejecutivo y enviado al Congreso. Es
un proceso largo, complejo, con muchas presiones, y ojalá se mantenga
la voluntad política de seguir impulsándola, como también en el campo de
la auditoría y revisión de toda la gestión cinematográfica en el país
en los últimos años. Si eso se logra, si podríamos hablar de una “gran
transformación” en el sector.
No hay comentarios:
Publicar un comentario